El comandante general de Policía, Bolívar Cisneros, dio a conocer que las provincias con mayores casos de homicidios por ajustes de cuentas, tipo sicariato, son Esmeraldas, en la costa; y Sucumbíos en el límite de (Putumayo y Nariño) y Orellana, en la región Oriental.
Uno de los casos que conmocionó este año al país fue el asesinato de la intendenta de Policía de Sucumbíos, Irene Guerrón Figueroa, quien –en junio pasado– murió a manos de sicarios mientras realizaba su rutina diaria de ejercicios por un parque de Lago Agrio.
Semanas más tarde se detuvo a los responsables del asesinato entre los que figuraban colombianos, quienes confesaron que les pagaron 400 dólares por este “trabajo”. En su lista figuraban el gobernador de la provincia, William Barba, por quien iban a cobrar 2.000 dólares.
La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) sostuvo que tras esta muerte de la Intendenta en la frontera se vive “un estado permanente de violencia y ausencia absoluta de seguridad”, que son más de 1.000 casos que están impunes desde el 2002.
A esto se suman los más de 300 casos en los cantones San Lorenzo, en Esmeraldas; y 100 casos en Carchi. En total suman 1.133 pobladores muertos violentamente, cuyos casos han quedado en la impunidad.
Este organismo advierte que más del 60% de estos crímenes se realizaron con armas de fuego y bajo la modalidad de ajusticiamiento, atribuibles a operaciones planificadas y ejecutadas por bandas de crimen organizado que operan en el país.
La población de Lago Agrio, Shushufindi, San Lorenzo, Mataje y Carchi viven en zozobra debido a que las bandas de extorsionadores, traficantes contrabandistas, secuestradores y sicarios obedecen a directrices de grupos armados violentos, especialmente, paramilitares que han cruzado la frontera y han establecido sus operaciones criminales en territorio ecuatoriano, manifestó el secretario general de la Aldhu, Juan de Dios Parra.
“El individuo que se dedica a esta actividad sufre anomia (ausencia de normas sociales o negación de ellas) y justifica los medios para cometer un homicidio, cobra el dinero para ayudar a su familia, a su madre o para su manutención”, expresó un experto de seguridad.
Según la Policía el sicario es una persona sin rostro que por el pago de una pequeña o gran cantidad de dinero comete un hecho que sabe es un delito, y desaparecen de la escena.
Uno de los casos que conmocionó este año al país fue el asesinato de la intendenta de Policía de Sucumbíos, Irene Guerrón Figueroa, quien –en junio pasado– murió a manos de sicarios mientras realizaba su rutina diaria de ejercicios por un parque de Lago Agrio.
Semanas más tarde se detuvo a los responsables del asesinato entre los que figuraban colombianos, quienes confesaron que les pagaron 400 dólares por este “trabajo”. En su lista figuraban el gobernador de la provincia, William Barba, por quien iban a cobrar 2.000 dólares.
La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) sostuvo que tras esta muerte de la Intendenta en la frontera se vive “un estado permanente de violencia y ausencia absoluta de seguridad”, que son más de 1.000 casos que están impunes desde el 2002.
A esto se suman los más de 300 casos en los cantones San Lorenzo, en Esmeraldas; y 100 casos en Carchi. En total suman 1.133 pobladores muertos violentamente, cuyos casos han quedado en la impunidad.
Este organismo advierte que más del 60% de estos crímenes se realizaron con armas de fuego y bajo la modalidad de ajusticiamiento, atribuibles a operaciones planificadas y ejecutadas por bandas de crimen organizado que operan en el país.
La población de Lago Agrio, Shushufindi, San Lorenzo, Mataje y Carchi viven en zozobra debido a que las bandas de extorsionadores, traficantes contrabandistas, secuestradores y sicarios obedecen a directrices de grupos armados violentos, especialmente, paramilitares que han cruzado la frontera y han establecido sus operaciones criminales en territorio ecuatoriano, manifestó el secretario general de la Aldhu, Juan de Dios Parra.
“El individuo que se dedica a esta actividad sufre anomia (ausencia de normas sociales o negación de ellas) y justifica los medios para cometer un homicidio, cobra el dinero para ayudar a su familia, a su madre o para su manutención”, expresó un experto de seguridad.
Según la Policía el sicario es una persona sin rostro que por el pago de una pequeña o gran cantidad de dinero comete un hecho que sabe es un delito, y desaparecen de la escena.
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Asesinatos registra Derechos Humanos en sector fronterizo: 90 asesinatos, entre el año 2000-2001; 179, en el 2002; 123, en el 2003; 88, en 2004; 136, en el 2005; 105, en el 2006; 18, este 2007
21,73%
De denuncias de homicidios son hechas en la provincia del Guayas; 15,5%, en Pichincha; 6%, en Manabí y Los Ríos.
Asesinatos registra Derechos Humanos en sector fronterizo: 90 asesinatos, entre el año 2000-2001; 179, en el 2002; 123, en el 2003; 88, en 2004; 136, en el 2005; 105, en el 2006; 18, este 2007
21,73%
De denuncias de homicidios son hechas en la provincia del Guayas; 15,5%, en Pichincha; 6%, en Manabí y Los Ríos.
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