Ecuador: El Sistema Económico Social y Solidario y la Economía Popular y Solidaria
Eric Ochoa Tocachi*
La Constitución de la República del
Ecuador en su capítulo cuarto, sobre Soberanía Económica, en el
artículo 283 define al sistema económico como uno de carácter “social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin; [que] propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y [que]
tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.[1]
El artículo indica, además, que el sistema económico se integra por “las
formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y
solidaria… La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la
ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y
comunitarios”.[2]
Este marco constitucional reconoce y legitima las prácticas y
experiencias solidarias de hacer economía y se establecen las
condiciones necesarias para propiciar la construcción de un sistema
social basado no solamente en el crecimiento económico a toda costa sino
acorde a la realidad de nuestros pueblos y de sus prácticas
ancestrales.[3]
Los principios y orientaciones marcadas en la Constitución dan vida al Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 o
Plan Nacional de Desarrollo como aquel instrumento al que se sujetan
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de
los recursos públicos. El PNBV busca materializar el proyecto de cambio
actualmente en marcha en el país para, primero propender y luego,
alcanzar el Sumak Kawsay.
Dicho Plan contempla 12 estrategias estructurales: democratización
(de los medios de producción) y redistribución de la riqueza;
sustitución estratégica de importaciones y diversificación de
exportaciones, exportadores y destinos; inserción estratégica y soberana
en América Latina y el mundo; transformación de la educación superior e
inversión en I+D+i; consolidación de la conectividad y
telecomunicaciones; cambio de la matriz energética; inversión para una
macroeconomía sostenible; inclusión, protección y garantía de derechos;
conservación del patrimonio y fomento al turismo comunitario;
ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización; y,
finalmente, el poder ciudadano y protagonismo social de todas y todos
los ecuatorianos. Este conjunto de estrategias están orientadas a
construir -en el mediano y largo plazo- una sociedad con “un nuevo modo de acumulación y redistribución de la riqueza”[4] una donde podamos “distribuir produciendo y producir re-distribuyendo”.[5]
El objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa, empero,
sólo es alcanzable si se superan las ideologías económicas dominantes y
se empatan las técnicas y conocimientos válidos que aún,
indudablemente, existen en ellas con las alternativas que plantean las
nuevas corrientes socioeconómicas mundiales. En este marco, “la
construcción y el impulso de una economía popular, social y solidaria
constituye la principal herramienta para incorporar la re-distribución
en el propio proceso de generación de riqueza”.[6]
El PNBV traduce así las fases para la concreción de una nueva sociedad ecuatoriana:
Gráfico 1: Fases de la estrategia endógena de desarrollo
En la Fase 1: Acumulación y redistribución (que en la actualidad
transitamos) la protección a sectores generadores de trabajo y empleo,
el consolidar las iniciativas provenientes de la economía social y
solidaria, el potenciar el ejercicio de la soberanía alimentaria del
país y la satisfacción de necesidades básicas son las prioridades. La
generación de riqueza en este periodo se realizará a través de: a) la
sustitución selectiva de importaciones; b) el impulso al sector
turístico -especialmente el ecoturismo comunitario-; c) la inversión
pública que fomente la productividad sistémica, que siente las bases
para construir una nueva industria nacional y produzca cambios
sustanciales en la matriz energética; y d) la inversión en el extranjero
para la formación de capacidades humanas.
La concreción del Plan, en esta primera fase de acumulación, se
realiza a través de 12 objetivos nacionales; uno de ellos
-específicamente el número 11- trata la construcción del sistema
económico social y solidario. Las políticas/acciones en este objetivo se
centran en potenciar la actividad y productividad de las MIPYMES y los
actores de la economía popular y solidaria y articularlos a la compra
pública; desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos;
potenciar y garantizar la soberanía alimentaria; impulsar el desarrollo
de los sectores estratégicos; diversificar las exportaciones y reducir
las importaciones; entre otras.
En este marco se han materializado algunas leyes y códigos orgánicos
(Código Orgánico de la Producción, Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, entre otras) además de programas y proyectos desde
algunos Ministerios: Ministerio de Inclusión Económica y Social –
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria: Programa
Sociovulcanizador, Crédito de Desarrollo Humano, Circuitos de Alimentos,
Hilando el Desarrollo, etc.; Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social: Programa Nacional de Finanzas Populares, Mercado Público
Solidario, etc.; Ministerio de Turismo: Consolida Turismo Comunitario,
Programa Nacional de Capacitación Turística, Mi Canoa Turística, etc.;
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acucultura y Pesca: Programa ERAs,
Proneri, Plan Tierras, Programa de Innovación Agrícola, etc.;
Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad:
EmprendeEcuador, InnovaEcuador, CreEcuador, etc.; Ministerio de
Industrias y Productividad: Producepyme, Plan Renova, Jóvenes
Productivos, Exporta Fácil, etc.
El Código Orgánico de la Producción plantea algunos
incentivos para desarrollar el aparato productivo, mejorar el empleo y
diversificar las exportaciones: a) Para el desarrollo de zonas de mayor
pobreza, Mipymes y actores de la eps se crea un Sistema Nacional de
Garantías (de hasta el 70% para financiamiento privado), un Fondo de
Capital de Riesgo (inversión del Estado en empresas de alto valor
agregado) y otros programas ministeriales de cofinanciamiento; b) se
definen las ZEDES y se norma su desarrollo para transferencia
tecnológica, diversificación industrial y servicios logísticos; c) Para
empresas nuevas o existentes que abran su capital para los trabajadores
(difieren 5 años el IR y su anticipo y los rendimientos de créditos a
sus trabajadores no pagan IR), para empresas que inviertan sus
utilidades en nuevos y mejores activos tecnológicos o de innovación (-
10% IR), para empresas con financiamiento externo menor a la tasa máxima
del BCE (exoneración del ISC); d) Para empresas nuevas que inviertan en
los sectores priorizados (exoneración 5 años del IR y su anticipo)
entre otros incentivos. Este Código define el salario digno (como el
ingreso mínimo necesario para que una familia viva dignamente) y obliga a
las empresas a compensar (al final de cada ejercicio fiscal) a los
trabajadores que no lo perciban.
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,
por su parte, también plantea algunos incentivos y medidas de
promoción, estos sí, específicamente para los actores de la EPS
(definidos en la misma ley como los sectores comunitarios, asociativos,
cooperativos y las unidades económicas familiares –comerciantes
minoristas, artesanos, amas de casa, etc.-). Entre los principales
incentivos tenemos la exoneración del IR para las “transacciones” que
estos actores hagan con sus miembros o para las utilidades que se
reinviertan en la organización; la generación de política pública
específica a favor de actividades productivas; y la homologación de
créditos para vivienda otorgados por las Cooperativas a favor de sus
socios. Adicionalmente la ley ordena el fomento de las formas de
integración de la EPS; el establecimiento de programas de formación y
capacitación; el reconocimiento de la propiedad intelectual (saberes
ancestrales, obtenciones vegetales, etc.) y del uso de medios de pago
complementarios; la difusión y promoción estatal de los bienes y
servicios ofertados por la EPS; entre otros.
La construcción del sistema económico social y solidario y, por ende,
de una nueva sociedad, avanza. Es necesario, sin embargo, aterrizar y
profundizar la aplicación de las normas y mandatos establecidos para su
concreción y continuar la formulación de políticas, planes, programas y
proyectos que garanticen, algún día, su pleno establecimiento. Tarea no
solo del Estado sino, y aún más, de la sociedad civil y sus diferentes
formas de organización y expresión.
* Economista. Analista de Fomento y Desarrollo de la EPS – Instituto
Nacional de Economía Popular y Solidaria. Ex-Director ejecutivo de
proyectos Red Pakariñan.
[1] Constitución Política de la República del Ecuador. 2008.
[2] Ídem.
[3] Tal es así que la misma Constitución plantea que el régimen de
desarrollo del país, es decir el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y
ambientales del país, deben garantizar el Buen Vivir, Sumak Kawsay, de
todas y todos los ecuatorianos.
[4] La estrategia de acumulación del Ecuador ha sido la
agro-exportación de materias primas y la venta de petróleo. Dicha forma
de generar riqueza estuvo acompañada de una estrategia de liberalización
de la economía y de re-distribución por “goteo” (ya sea en el mercado o
a través de una política social asistencial focalizada) que ha
demostrado con creces su poco éxito.
[5] Plan nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 2009, Quito, Ecuador (primera edición, 5.000 ejemplares), pág. 95.
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